Nota de prensa • 18 de diciembre de 2023
El euskera en la Administración de Justicia: ahondar en las leyes vigentes y darles una interpretación actualizada
Varios expertos han analizado hoy la evolución del derecho lingüístico en la sede de la Fundación Sabino Arana. Aitor Esteban ha expuesto las conclusiones de la última ley aprobada en el Congreso español; el magistrado Jaime Tapia ha analizado los inconvenientes que sufre el euskera en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca; el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, ha expuesto la génesis y los objetivos del proyecto Hizkuntza-zuzenbidea (derecho lingüístico) implementado por la Academia del Euskera; el jurista Gotzon Lobera ha analizado la evolución del concepto derechos lingüísticos; por último, el director de Normalización Lingüística de la Administración Pública del Gobierno vasco, Joseba Lozano, ha hablado sobre el Servicio de Garantía de Derechos Lingüísticos ELEBIDE.
Jaime Tapia, Aitor Esteban, Andres Urrutia, Miren Azkarate, Gotzon Lobera, Joseba Lozano
BILBAO (18-12-2023). La Fundación Sabino Arana y la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia han organizado hoy una intensa jornada en la sede de la fundación. En la misma se ha analizado, sobre todo, la situación e importancia del derecho lingüístico desde el punto de vista del euskera. Miren Azkarate, académica de número y miembro del Patronato de la Fundación Sabino Arana, ha presentado a los ponentes, mientras que Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia, ha anticipado la conveniencia de llevar adelante las leyes que se han desarrollado en los últimos años en el ámbito de los derechos lingüísticos, pero dándoles una interpretación actualizada.
Aitor Esteban, diputado en el Congreso, ha analizado el reglamento lingüístico del Reino de España, siempre en relación con el Congreso y el Senado. Ha recordado que en junio de 2022 el PSOE se opuso a modificar el reglamento del Congreso para introducir en el mismo el uso de las lenguas cooficiales del Estado. "Y ahora, aunque sea por obligación, lo han aceptado", ha añadido. Esteban ha reconocido que los impulsores de este cambio han sido los catalanes, sobre todo, Esquerra Republicana. También se ha referido al cambio dado en el Senado español en 2010: "Según esa normativa, en el Senado se pueden utilizar las lenguas cooficiales. ¿Cuándo? Cuando el nuevo presidente haga su primera intervención, eso sí, debe ser para decir lo mismo que se dirá luego en castellano; también puede usarse en mociones; y cuando los ciudadanos o las instituciones presenten un escrito, pues estos escritos son traducidos después por el servicio de traducción del Senado".
"La última petición que se ha aprobado este año –la del Congreso– la presentó Junts per Catalunya para poner a prueba la voluntad del gobierno del PSOE”, ha dicho Esteban. "Nosotros les ayudamos –ha admitido–, pero fueron los catalanes los que adaptaron el texto. Nosotros solo añadimos algunas cosas que también nos preocupan". El diputado del PNV también ha querido aclarar la utilización actual de las lenguas cooficiales en ambos hemiciclos: "En los plenos del Congreso se pueden utilizar las lenguas cooficiales en cualquier tema o tipo de procedimiento. En el Senado, en cambio, sólo para mociones o en las mesas organizadas por las Comunidades Autónomas".
El magistrado Jaime Tapia se ha referido a la situación actual del euskera en la administración de Justicia en la CAV. Ha iniciado su intervención afirmando que se muestra optimista de cara al futuro porque "la sociedad demanda cambios, y la tendencia de los operadores jurídicos a favor del euskera también me inclina a pensar en positivo. Si a eso le sumamos que los poderes públicos han mostrado una voluntad firme y decidida de hacer cambios, creo que podemos avanzar en este ámbito". Aún así, admite que en los últimos 25 años ha habido pocos cambios en la Justicia. ¿Por qué? A su juicio, "por culpa de ciertos problemas políticos, de los poderes judiciales, de la falta de voluntad del Gobierno español y del Parlamento". Añade que la única excepción ha sido el Gobierno vasco. A continuación ha señalado que “el primer obstáculo ha desaparecido, que el segundo puede resolverse políticamente y que el tercero también se puede superar si se quiere".
Sin embargo, Tapia ha desvelado que “en los procedimientos raramente se utiliza el euskera", pero ha señalado que entre los funcionarios ha aumentado considerablemente el conocimiento del idioma, lo que ha permitido que la relación oral y escrita entre ciudadanos y funcionarios también se produzca en euskera. "En esto ha tenido mucho que ver el Plan de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia de la CAV (2011-2020), gracias al cual se ha aumentado la competencia lingüística de los funcionarios de forma notable". Además, ha asegurado que "el número de documentos bilingües que se utilizan en la Administración de Justicia en la CAV ha crecido considerablemente, el 35% al 61%, y este avance se ha producido en todas las jurisdicciones y territorios".
Entre los jueces también ha aumentado el conocimiento del euskera, aunque Tapia ha reconocido que todavía es escaso (34 de cada 284 jueces tienen cierto conocimiento del idioma). Finalmente, el magistrado ha dado una solución de “urgencia” para ayudar en la normalización del euskera en este sector: “los intérpretes pueden ayudar mucho, eso sí, se trata de una solución a corto plazo que no puede sustituir a la comunicación directa". En este sentido, ha dicho que es imprescindible eliminar los obstáculos judiciales que persisten en la actualidad.
El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, ha explicado los motivos que han llevado a la Academia de la Lengua Vasca a impulsar el proyecto Hizkuntza-zuzenbidea (derecho lingüístico). Urrutia ha destacado que entre sus objetivos está el de "recoger los regímenes dictados a diferentes niveles jurídicos sobre las lenguas y específicamente sobre el euskera y exponerlos en este mismo idioma para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos a través de nuestra página web (www.euskaltzaindia.eus)". A continuación, ha abordado los entresijos de la nueva disciplina jurilingüística, sobre todo para reflexionar adecuadamente sobre "qué puede suponer esto para lenguas minorizadas como el euskera". En definitiva, el presidente de Euskaltzaindia ha aprovechado la ocasión para hacer públicas las relaciones entre la lengua y el derecho, partiendo siempre de la realidad actual del euskera.
Derechos lingüísticos y ELEBIDE
El jurista y miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Vasca, Gotzon Lobera, ha ahondado sobre el concepto de derechos lingüísticos. "Los derechos lingüísticos se regularon en la primera mitad del siglo XX para entornos plurilingües y se conceptualizaron como derechos de finalidad; en el caso más temporal, las comunidades monolingües reglamentan los derechos lingüísticos para sus habitantes regulándolos también como derechos instrumentales para los ciudadanos de esas comunidades", explica Lobera. En resumen, el jurista vizcaíno ha dicho que los derechos lingüísticos han cambiado "desde la perspectiva del concepto y de sus destinatarios".
Por último, Joseba Lozano, director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas del Gobierno vasco, ha explicado la trayectoria de ELEBIDE y sus retos de futuro. Lozano ha recordado que a todos los ciudadanos de la CAV se les reconocen los mismos derechos lingüísticos, pero también ha reconocido que "a menudo la igualdad legal formal choca con la realidad", y la realidad es que el euskera está más debilitado que el castellano. En consecuencia, "los euskaldunes sienten día a día que se les vulneran los derechos lingüísticos que legalmente les corresponden".
Conscientes de ello, la viceconsejería de Política Lingüística de la CAV creó en 2006 ELEBIDE, el Servicio de Garantía de los Derechos Lingüísticos. "Cada día, esta herramienta pone a la Administración ante el espejo, y a través de ella la ciudadanía puede ver que el Gobierno está ahí para defender en todo momento los derechos lingüísticos de todos y de todas", ya que la función principal de ELEBIDE es precisamente esa, la de "promover y garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de la CAV".
En cuanto a datos y cifras, Lozano ha aclarado que en la práctica totalidad de las quejas tramitadas (96%) han sufrido vulneración de derechos los vascoparlantes y en un 4% los castellanoparlantes. También ha señalado que el 80% de estas quejas se producen en el ámbito público, "pero eso no significa que se garantice mejor el euskera en el sector privado, en absoluto, porque los euskaldunes también saben que el sector público está más preparado para prestar servicio en las dos lenguas oficiales".
Lozano ha insistido en que ELEBIDE quiere ser eficaz, pero ha admitido que “observando la realidad sabemos que todavía nos queda mucho por hacer". "Hay que seguir estableciendo herramientas y medios a favor de la lengua más débil, no para perjudicar a la lengua más fuerte, sino para que ambas lenguas tengan las mismas oportunidades. No olvidemos que el futuro del castellano está garantizado, y el del euskera no", ha advertido. "Tenemos que avanzar con naturalidad y normalidad –ha culminado su intervención Lozano– hasta conseguir nuestro objetivo: la igualdad real y la convivencia entre el euskera y el castellano".
