Nota de prensa • 19 octobre 2018

Juan José López Ortega: “La emergencia de un nuevo modelo de intervención anticipativa para evitar el delito está alterando los principios del Derecho Penal”

Jueces, magistrados, abogados penalistas, políticos y académicos han participado hoy en el seminario “De un Derecho Penal reactivo a un Derecho Penal anticipativo”, organizado por Sabino Arana Fundazioa y coordinado por la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria.

De lo que se trataba era de analizar las transformaciones que en los últimos años se están produciendo en el campo del Derecho y del Proceso Penal. Una de ellas estas transformaciones está orientada a reaccionar no únicamente frente al delito cometido, sino antes de eso impedir su comisión. Y como ha asegurado el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y profesor asociado de la Universidad Carlos III, Juan José López Ortega “la legislación antiterrorista francesa aprobada durante el estado de urgencia es un buen ejemplo de este nuevo modelo de intervención penal de carácter anticipativo”.

Según López Ortega el nuevo modelo lleva a redefinir “los objetivos que persigue el sistema de justicia penal y, para conseguirlo, se le dotan de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos de investigación más invasivos, hasta ahora reservados a los servicios de inteligencia”.

La lógica a la que responde este nuevo modelo de intervención anticipativa es, obviamente, la de la seguridad. De esta manera, asegura el magistrado, “se propicia un modelo procesal en el que buena parte de la investigación se mantiene en secreto, es decir, permanece inaccesible durante todo el procedimiento para el acusado y su defensor, desdibujándose de esta forma uno de los rasgos característicos del Derecho Penal clásico que es el derecho a un proceso justo”.

Este nuevo modelo de intervención se caracteriza por prescindir del hecho o, más bien, por tomar como referencia el hecho que se va a cometer en lugar del delito ya cometido. “Emerge así un Derecho penal orientado a sancionar hechos futuros, es decir, hechos que probablemente hubieran sucedido si el Estado no se hubiera anticipado y no los hubiera evitado”, ha afirmado López Ortega.

Pero establecer la peligrosidad de quien todavía no ha evidenciado un riesgo realizando una acción peligrosa requiere disponer de una gran cantidad de información sobre el sujeto concernido. Es en este contexto en el que puede decirse que “el trasvase de flujos de información de la inteligencia al proceso penal es una realidad inevitable”, ha asegurado el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Como última reflexión, Juan José López Ortega ha afirmado que “si el uso en el proceso penal de la información proporcionada por los servicios de inteligencia compromete garantías esenciales del proceso y si, realmente, ya no se trata de una quimera o un riesgo potencial, sino de una realidad, el dilema ya no puede ser si debe o no abordarse la regulación de este nuevo fenómeno, sino cuáles son los márgenes en los que puede operar esta nueva realidad investigadora”. 

Por su parte, la catedrática de Derecho Penal de la UPV/EHU y ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, ha puesto de relieve las paradojas que se dan en las figuras de conductas posteriores al delito que son positivas, es decir de colaboración, por abandono de una organización criminal o reparación a la víctima. En estos casos, según se trate de organizaciones delictivas o según se trate de delitos ordinarios, el trato es muy diferente.

Según Adela Asua, “cuando hablamos de organizaciones delictivas se prevé una rebaja de la pena muy importante, no por reparar a la víctima sino por colaborar con la justicia. En el ámbito de organizaciones delictivas predomina la idea de investigación mientras que en el ámbito de la justicia de reparación a la víctima debe mirarse que la persona que ha delinquido asume su responsabilidad, el victimario quiere compensar a la víctima de alguna manera y asume un esfuerzo para reparar”. Para Asua, “esa es una filosofía que la sociedad puede entender. Está más en la lógica de un sistema penal congruente con la inserción social de una persona que comete un delito”.

La otra lógica se sitúa más en el ámbito policial, es decir, “yo colaboro y pacto con la Policía una rebaja. Una está en el ámbito del pacto y la otra está en el ámbito de atención a la víctima; son lógicas distintas”, ha afirmado.

Junto a los ponentes, Juan José López Ortega y Adela Asua,  también han participado cerca de medio centenar de jueces, magistrados, abogados penalistas, académicos, etc. como Pedro Crespo, fiscal Jefe de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra; J Manu Lezertua; Nekane San Miguel, magistrada de la Audiencia Provincial de Bizkaia; Angels Vivas, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona; Almudena Lastra, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Joxe Ramón Bengoetxea, secretario general de Eurobask y Profesor de Derecho Europeo, Teoría Jurídica, Sociología y Filosofía del Derecho, UPV/EHU; Eamon Butterfields, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona; Jorge Correcher, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia; y los abogados Txema Montero, José Ricardo Palacio, Miren Itziar Txarterina, Miguel Castells, Juana Balmaseda, entre otros.